La Fundación Renovables reclama un Pacto de Estado de la Energía ante la emergencia climática

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Tras el resultado de las Elecciones Generales del pasado domingo, 10 de noviembre, la Fundación Renovables muestra su preocupación por una inestabilidad política que afecta directamente a sectores como el de la energía.

La emergencia climática en la que nos encontramos, junto con el aprovechamiento de las oportunidades económicas derivadas del cambio de modelo energético, requieren el compromiso de todas las fuerzas parlamentarias y su consenso sobre un Pacto de Estado de la Energía.

Según la Fundación Renovables la Transición Ecológica debe consolidarse como una política de Gobierno en la que, por ejemplo, la energía pase a ser considerada como un bien de primera necesidad con acceso garantizado como servicio público.

Entre otras medidas, la organización apuesta por la electrificación de la demanda, de origen renovable, como única vía para lograr un futuro sostenible bajo criterios de eficiencia, equidad, justicia social y pleno respeto al medio ambiente.

Por este motivo, la Fundación Renovables ve urgente y obligatoria una actuación decidida con políticas de amplio alcance, estructuras de gobierno centradas en esa dirección y la creación de una Vicepresidencia de Transición Ecológica, así como con la aprobación de una Ley de Cambio Climático que ampare una Ley de Reforma del Sector Eléctrico, una reforma fiscal y la reforma de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Ante la ausencia de una legislación en materia climática, España se aleja de los avances acometidos por otros países europeos a pesar de que, dada su ubicación, debería situarse en la vanguardia a la hora de promulgar leyes ambiciosas e impulsar medidas concretas. La Fundación Renovables apunta algunas de ellas tales como: la rehabilitación energética de un millón y medio de viviendas que necesitan rehabilitación urgente; el desarrollo real del autoconsumo; la promoción de la movilidad sostenible; la mejora de la calidad del aire de nuestras ciudades; y las actuaciones frente a la pobreza energética, que afecta a más de 6 millones de personas en España.

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